Por Manuel Rodríguez Romero
El problema de la identificación de los ejidos y en manos de quien están, es un tema de nunca acabar y un rompecabezas difícil, hasta ahora, de armar, y que si se impone el reto de hacerlo demoraría mucho tiempo. Tratándose de propiedades municipales, es decir propiedades que también son de los trujillanos, merece una exhaustiva y profunda investigación para dar, aun que sea, con una buena cantidad de ellas, sino se puede en su totalidad. Sería significativo y trascendente que ello ocurriera.
El punto de partida para saber cuantos ejidos tenía la Municipalidad Provincial de Trujillo es el Margesí de 1903, año en que se elabora una relación completa de estos inmuebles. Con los años y principalmente a partir de los 60 este importantísimo documento era guardado bajo siete llaves y su existencia era casi un secreto de Estado, manejadas solo por personas de extrema confianza de la gestión municipal.
Me viene a la memoria no uno si no varios informes periodísticos que hice en los años 80 en el diario La Industria, en los cuales daba cuenta de muchos ejidos que habían perdido la condición de tales y que estaban, no por arte de magia, en poder de terceras personas que figuraban incluso como propietarias legales. Amenazas no faltaron por esos “destapes”.
Por eso creo que el periodismo investigativo debe emprender una tarea imperiosa y necesaria, muy provechosa no solo para la Municipalidad Provincial de Trujillo sino en beneficio de la colectividad, pues de detectarse y resarcir esos ejidos sería de mucha utilidad pública.
Hay un buen número de ejidos que con el correr del tiempo se han perdido con argucias de sus inquilinos que empezaron pagando la merced conductiva a la Municipalidad y terminaron siendo propietarios luego de sendos procesos judiciales, para lo cual contaron con la complicidad y desidia de los abogados ediles de entonces. Es clave por ejemplo la investigación que deba hacerse a un abogado de la gestión de Miriam Pilco en cuya gestión se perdieron numerosos ejidos.
Esa época marcó el inicio del “desbande” de los ejidos. Un gran negociado se había instaurado en el seno municipal. Sus autores aun viven y con una severa investigación se les puede ubicar, porque ahora se pasean muy orondos u orondas por las calles de la ciudad, arrastrando en su conciencia que hicieron dinero y riqueza con propiedades públicas.
Debe esclarecerse por ejemplo en manos de quienes están ahora los ejidos ubicados en la Av. España, desde la esquina de la calle Sinchi Roca (incluido el coso taurino, con salida a la calle Sabogal) hasta llegar al colegio Modelo. En ese espacio una familia se hizo dueña de varios ejidos en donde, desde hace dos décadas, hay florecientes negocios de muebles y artefactos eléctricos. ¿Cómo lo hicieron? Nadie explica o quiere explicar.
Entonces existía una mafia de empleados, funcionarios y abogados municipales que perdían los juicios con inescrupulosas personas que planteaban procesos judiciales a la Municipalidad por derecho de propiedad. Jueces corruptos se sumaron a la faena.
Y lo peor, casi al finalizar la gestión de José Murgia, que dejó a Martín Sifuentes en el sillón municipal, sorprendió a la comunidad la quema de cilindros llenos de documentos de la Dirección de Bienes Inmuebles de la MPT, entre los cuales se especula que se quemó el margesí 1903 de bienes ediles, documento clave para identificar los ejidos perdidos. ¿Quién lo hizo? Nadie lo sabe. Este acto neroniano no debe quedar impune. Existen responsables. Hay un vídeo al respecto.
Todo esto merece una investigación profunda. Para el efecto debe instalarse una comisión ad hoc municipal. Esperamos con optimismo resultados positivos.
