jueves, 9 de diciembre de 2010

Periodistas condenan medida del Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional prohibió a medios difundir conversaciones telefónicas

Periodistas condenan
mordaza a la prensa

El decano del Colegio de Periodistas de La Libertad, Manuel Rodríguez Romero, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir a los medios de comunicación masiva que divulguen conversaciones telefónicas interceptadas o “chuponeadas”.

Indica que la Constitución Política del Perú establece y garantiza la libertad de prensa en forma irrestricta, sin embargo el TC ha dado una aberrante resolución o sentencia (Exp. Nº 00655-2010) referida al abogado Alberto Quimper, procesado por el caso los “petroaudios” en el que está involucrado Jorge del Castillo.

“Con la sentencia del TC pareciera que este organismo está a favor de la impunidad, cuando su misión es sentenciar los casos de corrupción. Pareciera que el TC ha sido influenciado por el poder político actual para dictar esta medida aberrante y atentatoria contra la libertad de prensa.

Rodríguez Romero explicó que si no se pone atajo a esta disposición, en adelante el periodista o el medio de comunicación no podrá difundir el contenido de ningún tema, pues corre el riesgo de ser de denunciado penalmente. Es a la vez insólito que el periodista pueda pedir autorización judicial para difundir conversaciones telefónicas.

Manifestó que no puede ser que un organismo que ha sido instalado precisamente para garantizar las normas constitucionales esté por el contrario atentando contra la Constitución Política del Perú. Es preciso que frente a este atentado contra la libertad de prensa, los gremios periodísticos nos pongamos de pie para defender la irrestricta libertad de prensa, dijo.

Lo que se debe prohibir son las conservaciones telefónicas que atenten contra la vida privada de las personas, pero cuando éstas sean de interés público deben ser reveladas y el periodismo la obligación de difundirlas a fin de evitar la impunidad a la corrupción.

Dijo que si un periodista es sometido a pedir autorización judicial para difundir una conversación telefónica, también estará obligado a revelar sus fuentes y este es otro gran atentado contra la libertad de prensa y el derecho de informar.

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